España va a incumplir desde este 2 de agosto la Directiva europea de conciliación que obliga a retribuir al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental hasta los 8 años, un tema que al parecer el Gobierno de coalición abordará en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que su aplicación se retrasará hasta 2025. De este permiso, dos meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse, según especifica la propia Directiva, que daba un margen adicional hasta este mes de agosto para cumplir con esta última parte, permitiendo a los Estados miembros encajar estos requerimientos en su marco legislativo, es decir, teniendo en cuenta los permisos ya existentes.
La denominada ley de familias española vio la luz a través del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio de 2023, en la que recogió ese derecho al permiso, pero no cómo y cuándo se iba a empezar a retribuir, dejando a medias el cumplimiento de la Directiva, que obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años. España cuenta actualmente con 19 semanas, 16 semanas por nacimiento y 3 semanas más por la acumulación del permiso de lactancia, un derecho que, desde el pasado mes corresponde a todas las personas trabajadoras y no solo a las que lo tenían reconocido en sus respectivos convenios colectivos.
El hecho de que todo apunte a que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado es indicativo de que va a ser la Seguridad Social, es decir el Estado, quién finalmente se haga cargo del pago del permiso.