En el BOE del pasado 7 de diciembre se publicó el Convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y el Principado de Andorra, cuya entrada en vigor está prevista para el 26 de febrero de 2016. Si bien desde 2011 Andorra dejó de tener la consideración de paraíso fiscal, la demanda de información se viene produciendo por vía judicial o administrativa. El Convenio no contempla la transferencia automática de información, por lo que en principio cabe esperar que, como mínimo hasta 2018, no se produzca dicho intercambio automático de información de acuerdo con el estándar internacional de la OCDE.