El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 Vitoria, en su sentencia de 16 de abril de 2024, estima el recurso de un Sindicato de Enfermería de Euskadi al considerar ilegal, por discriminatorio, excluir de la baremación los años de experiencia anteriores a 2003, o los de formación anteriores a 2013, por entender que supone un perjuicio para las mujeres y las personas de mayor edad.
El Juez entiende justificado que en procesos selectivos regulados al amparo de la Ley 20/2021, por su específica finalidad de estabilizar el empleo, se otorgue mayor valor a la experiencia profesional prestada en Osakidetza y en otros sistemas de salud nacional, frente a los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, pero no que se realice una diferente valoración de méritos en los procesos de selección ordinarios correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, puesto que la limitación temporal supone un trato discriminatorio para aquellos/as aspirantes que hayan prestado servicios con anterioridad al año 2003, o recibido formación con carácter previo al año 2013, lo que conlleva una discriminación indirecta para las mujeres que realizan labores de cuidado de hijos o familiares dependientes, así como para las personas de más edad, por ser la primera parte de la carrera laboral la etapa en la que, habitualmente, más formación se recibe.
Por ese motivo aprecia indicios de la vulneración denunciada por el Sindicato y recuerda que se debe partir de la premisa general de que existe vulneración del principio de igualdad cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, de tal manera que, ante iguales supuestos de hecho, se apliquen diferentes consecuencias jurídicas de forma artificiosa e injustificada. En una Oferta de empleo público (OPE) ordinaria, en la que no hay un abuso de temporalidad subyacente, no tiene sentido que se mantenga una diferente baremación en función de los años en que se prestaron servicios, por lo que al haberlo establecido así las bases de la OPE vulneraron el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad.