Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran estar preparando ya los trabajos para hacer una propuesta de modificación al diálogo social. PSOE y Sumar acordaron en su pacto de Gobierno «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral«, compromiso que, sin embargo, quedó fuera de la reforma laboral de 2021, pero que ahora pretenden impulsar al hilo de la inminente publicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales a la denuncia que presentó el sindicato UGT sobre el coste del despido, respecto de la que todo indica que su decisión será condenatoria para España por cuanto su legislación laboral fija unas indemnizaciones por despido tasadas, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 24 de la Carta Social Europea.
La modificación que se pretende poner encima de la mesa tendría como finalidad regular unas consecuencias jurídicas del despido de carácter «restaurativo» o reparativo que tengan en cuenta las circunstancias de la persona trabajadora que haya sido despedida de manera improcedente para modular la correspondiente indemnización, o fijen una cuantía mínima para desincentivar los despidos improcedentes en supuestos de poca antigüedad.
Al parecer, la reforma también contemplará la modificación de las causas del despido objetivo en el sentido de eliminar menciones concretas como causas económicas justificativas de los despidos, como por ejemplo, «pérdidas previstas», por entender que no se pueden justificar esos despidos con «futuribles», y respecto de los despidos colectivos, impidiendo que las empresas con beneficios puedan acudir a expedientes de regulación de empleo (ERE).