La conducta sancionada no es la simple utilización indebida de contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos (art. 18.2 c) LISOS), cuya comisión afectaría exclusivamente a la ETT y a la empresa usuaria, sino una cesión ilegal de trabajadores/as en toda regla, ejecutada por ambas empresas con la finalidad de ceder ilegalmente trabajadores/as de la ETT a la empresa usuaria, que debe reputarse falta muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la LISOS, que no excluye, de ninguna manera, a las ETT, cuando estas ceden trabajadores sin atenerse a los límites legales. A esta conclusión llega la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2021, a la vista de que en un periodo de casi 3 años la ETT cedió nada menos que 74 trabajadores/as a la empresa usuaria, quien no contaba con una plantilla propia para prestar servicios de navegación aérea en la base de Málaga y en otras del territorio español, habiendo suscrito con dichos trabajadores/as contratos eventuales por circunstancias de la producción, que desbordaron con mucho los límites temporales del artículo 15.1 b) del ET, acreditando, por tanto, que el objeto real del contrato fue la cobertura de la organización estructural u ordinaria de la empresa. Si no fuera así, si la cesión ilícita de trabajadores/as ejecutada por una ETT quedara reducida a falta grave, derivada de la utilización indebida de los contratos de puesta a disposición, se produciría un efecto perverso, toda vez que, siendo las ETT las únicas empresas autorizadas para la cesión de trabajadores/as, siempre que se ajusten a la legalidad, tal y como dispone el artículo 43.1 del ET, podrían ceder ilícitamente trabajadores/as, desbordando su papel legal de manera desmedida, con una penalización muy inferior al resto de empresas, lo que comportaría un trato desigual totalmente injustificado.
Las consecuencias de la declaración de cesión ilegal de trabajadores/as son, además de la imposición de sanción económica por infracción muy grave por importe de hasta 225.018 euros, la responsabilidad solidaria de ETT y empresa usuaria en las obligaciones contraídas con los trabajadores/as y la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos, así como el derecho de los trabajadores/as sometidos/as al tráfico prohibido a adquirir la condición de fijos, a su elección, en una u otra empresa.