Según el documento recientemente aprobado por el Gobierno, las actuaciones de la Inspección de Trabajo hasta 2020 se van a centrar, entre otras prioridades, en la lucha contra el fraude que suponen los falsos autónomos o las posibles irregularidades que se cometen en el ámbito de las plataformas de economía colaborativa.
Asimismo, tras el éxito de la jornada del pasado 8 de marzo en favor de la igualdad de las mujeres, las actuaciones de la Inspección se centrarán también en comprobar el cumplimiento de las normas de no discriminación por género, paralelamente al lanzamiento de campañas específicas sobre planes de igualdad en las empresas, y «se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de los convenios colectivos para evitar las cláusulas discriminatorias«.
Otro de sus objetivos principales seguirá siendo el de controlar la contratación temporal injustificada, la contratación a tiempo parcial y los contratos formativos. En este sentido, habrá actuaciones específicas en relación con los becarios y las prácticas no laborales, así como para los cursos de formación de empleados. Sólo en 2018 la Inspección prevé realizar 510.000 actuaciones en todas las materias de la economía irregular e investigar casi 400.000 contratos de trabajo, tras lo que se prevé que unos 60.000 trabajadores/as temporales pasen a ser indefinidos por estar ocupando puestos de trabajo fijos con contratos temporales fraudulentos.
También constituirá otro de sus objetivos prioritario el control de las horas trabajadas y de las horas extraordinarias, manteniendo una férrea vigilancia sobre el control de las horas de trabajo a pesar de las últimas sentencias que ratificaban la no obligatoriedad legal del registro diario de jornadas.
Se crea, además, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, en la que trabajarán conjuntamente la Inspección de Trabajo con la Agencia Tributaria, las fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los tribunales.
