El próximo día 30 del corriente mes de noviembre 2023 finaliza para las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras el plazo máximo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, para la implementación activa de un sistema que incluya, no solamente un canal de denuncias, sino que sea gestionado por persona/s con la formación suficiente y adecuada que garantice el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos en la Ley.
Las funciones y responsabilidades más significativas de dicha posición de gestor del canal de denuncias son las siguientes:
- Recibir los informes y denuncias de prácticas inadecuadas, ilegales o no éticas dentro de la organización, así como el seguimiento de las actuaciones necesarias para garantizar que las irregularidades denunciadas sean tratadas adecuadamente y evitar que puedan reiterarse en el futuro.
- Informar a las autoridades competentes sobre aquellos supuestos de vulneración grave o muy grave de normas legales.
- Garantizar la confidencialidad y anonimato de los/as informantes y fomentar un entorno seguro donde los empleados y empleadas se sientan protegidos/as cuando informen sobre irregularidades que afecten a la organización.
- Mantener en todo momento una posición de imparcialidad y objetividad.
- Implementar los mecanismos y medidas necesarios que eviten toda posibilidad de represalias a los/as informantes.
Recordar, por último, que las sanciones previstas por incumplimiento de tales obligaciones pueden alcanzar hasta el millón de euros.