Aunque la lógica parece hacer pensar que una reducción de la jornada laboral lleva aparejado un descenso proporcional del salario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia de noviembre 2015, señala que no se puede presuponer que esto sea así si no se recoge explícitamente en un acuerdo firmado con el trabajador. No tener los controles adecuados para detectar errores en la gestión ha provocado que la empresa tenga que asumir las consecuencias de haber tardado 17 meses en descubrirlo, lo que le ha supuesto un gasto superior a los 300 euros mensuales en la nómina de una de sus trabajadoras.
