En su sentencia del pasado día 4 de noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional ampara a una mujer que recurrió la denegación de la Renta activa de inserción (RAI) y su juicio se señaló a tres años y medio vista, en la que, por primera vez y dando un paso más a lo resuelto en su sentencia de fecha 10 de octubre de 2022 que ya había dictaminado que la lentitud de la Justicia vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española, considera que todas las personas afectadas por los señalamientos judiciales tardíos pueden solicitar una indemnización al Estado por el mal funcionamiento de la Justicia.
Argumenta la sentencia que «en casos como el presente, en el que la dilación se produce por causas estructurales, sin responsabilidad personal del titular del órgano judicial, los efectos limitados de las sentencias de este Tribunal para reparar la lesión del derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas, puede verse contrarrestada por la correspondiente indemnización por un funcionamiento anormal de la administración de justicia, acción que será pertinente y útil, incluso, sin necesidad de plantear un recurso de amparo que, en caso de estimación, tendrá efectos meramente declarativos».