Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para reforzar, entre otros, el número de Inspectores de Trabajo, como medio para combatir con mayor eficacia la lucha contra el fraude en la Seguridad Social y en el ámbito laboral, el Gobierno pretende atacar el trabajo no declarado y en situación irregular, así como el fraude a la Seguridad Social que, además de mermar los ingresos públicos, socava los cimientos del estado del bienestar y afecta a la competitividad de las empresas que cumplen con la normativa por la competencia desleal que las empresas incumplidoras les generan.
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